En una clara muestra de cómo la corrupción y la impunidad pueden corromper hasta el núcleo del poder, Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno durante la presidencia de Alejandro Giammattei, ha desatado una serie de ataques contra periodistas y medios de comunicación que han investigado su presunta implicación en casos de corrupción.
Estos ataques no solo reflejan un intento de intimidar a la prensa, sino también la preocupante protección del Ministerio Público que Martínez parece recibir, lo cual socava la confianza en las instituciones de justicia.
Desde su retiro del poder, Martínez, conocido coloquialmente como «Miguelito», ha recurrido a sus cuentas de redes sociales para atacar a periodistas que han expuesto su involucramiento en presuntos actos corruptos.
Miguel Martínez ataca a medios y periodistas
Su estrategia incluye descalificar a los reporteros, difundir información privada y cuestionar la legitimidad de las investigaciones. El exfuncionario ha dirigido sus ataques especialmente hacia el vespertino LaHora, que ha mantenido un conteo de días sin que el MP bajo el mando de Consuelo Porras inicie una investigación sobre las acusaciones en su contra. A la fecha, ya suman casi 250 días desde que Giammattei dejó el cargo, sin que se haya visto un avance significativo en las investigaciones relacionadas con Martínez.
Además de La Hora, Martínez ha dirigido su furia hacia periodistas independientes como Sonny Figueroa y Marvin del Cid. Estos reporteros revelaron que la hermana de Martínez, Claudia Ivonne Martínez Morales, adquirió una mansión valorada en más de Q5 millones, vinculada a la estructura de la narcotraficante Marllory Chacón.
En respuesta, Martínez atacó a los periodistas en Instagram, tildándolos de “activistas” y exponiendo conversaciones privadas, poniendo en riesgo la seguridad de los reporteros. No se detuvo ahí: también criticó a Soy502 por replicar la investigación.
Miguelito, el protegido de Porras
Los ataques a la prensa de Martínez no solo son una cuestión de libertad de expresión; son un claro reflejo de la cultura de impunidad que impera en Guatemala. El MP, bajo la dirección de Porras, ha mostrado una preocupante falta de acción. La fiscal general, quien fue reelecta por Giammattei en una controversial decisión, ha sido acusada de proteger a Martínez y de no tomar medidas contra los numerosos casos de corrupción en los que él está implicado.
Esta falta de acción del MP solo refuerza la percepción de que existe un doble estándar en la justicia guatemalteca, donde ciertos individuos parecen estar por encima de la ley.
Miguel Martínez sancionado por EE. UU.
La situación se agrava aún más con las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, que incluyó a Martínez en la lista de personas responsables de graves abusos de derechos humanos y corrupción. A pesar de las sanciones internacionales y las denuncias locales, el MP ha hecho poco para investigar estos casos de manera efectiva.
En conclusión, los ataques de Miguel Martínez a la prensa no solo son un intento de silenciar a quienes lo investigan, sino que también ponen de relieve una estructura de poder que favorece la impunidad y la corrupción. La falta de acción por parte del MP y la protección institucional que recibe Martínez son alarmantes y refuerzan la necesidad urgente de una reforma en el sistema de justicia guatemalteco.