Denuncias recientes indican que el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras estaría utilizando recursos, imagen y símbolos institucionales para disfrazar propaganda gremial como actividades oficiales, generando confusión entre la ciudadanía y borrando los límites entre lo público y lo corporativo.
Según señalamientos, estas maniobras se producen en un momento especialmente delicado, a un año de la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de la Corte de Constitucionalidad (CC) y de Fiscal General, lo que hace que estas acciones sean vistas como un intento de mantener control institucional camuflado.
Durante un reciente convivio del MP en Quetzaltenango, el secretario de Política Criminal, Melvin Portillo, participó activamente en actividades con un claro componente político, prometiendo respaldo a determinadas autoridades del TSE y de la CC rumbo a 2026. En el mismo evento, estuvo presente Estuardo Gálvez, señalado en el caso Comisiones Paralelas 2020 y vinculado a maniobras de manipulación judicial.
Institucionalidad mezclada con intereses políticos
El convivio también generó cuestionamientos por la modalidad de participación, ya que, según denuncias, cada trabajador tuvo que pagar Q250 para formar parte del evento. La fiscal regional de Quetzaltenango también estuvo presente en la actividad, lo que refuerza la percepción de que la institucionalidad se habría mezclado con intereses políticos personales.
Estas denuncias apuntan a que el MP se estaría transformando en una trinchera política, aliada de estructuras que han manipulado procesos judiciales en el pasado. La utilización de símbolos y recursos institucionales en actividades con fines políticos genera una grave señal de alerta sobre la independencia y credibilidad del Ministerio Público, que constitucionalmente debería defender la justicia y no involucrarse en proselitismo.
Justicia en riesgo
Organismos ciudadanos y miembros de la sociedad civil han señalado que estas prácticas ponen en riesgo la confianza de la población en la justicia y cuestionan la imparcialidad del MP, especialmente en un año decisivo para la elección de autoridades clave en el sistema judicial de Guatemala.
El caso evidencia que el uso indebido de recursos públicos y la participación de funcionarios de alto rango en actividades políticas sigue siendo un tema crítico en la institucionalidad guatemalteca, generando alarma sobre la posible politización del Ministerio Público y la erosión de su función como garante de la ley.