El Ministerio Público (MP), bajo la dirección de Consuelo Porras, sigue consolidando su reputación como un ente protector de la corrupción en lugar de ser su combatiente. El reciente desestimiento de la denuncia presentada por Roberto Arzú contra el expresidente Alejandro Giammattei y su círculo cercano, entre ellos Miguel Martínez, es otro ejemplo de cómo el MP utiliza su poder para proteger a los poderosos y perpetuar la impunidad.
La denuncia, que apuntaba a una estructura dedicada a saquear el Estado mediante contrataciones ilícitas, no es la primera en ser ignorada por el MP. Meses antes, el caso conocido como «Alfombra Mágica», donde se acusaba a Giammattei de recibir millonarios sobornos, también fue desestimado sin mayor explicación. Estos casos no solo involucran a la figura de un expresidente, sino a un entramado de exfuncionarios y particulares que, según los señalamientos, se enriquecieron ilícitamente.
Porras, la protectora de Giammattei y Martínez
A pesar de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a Giammattei y Martínez por actos de corrupción, Porras ha evitado cualquier intento serio de investigar o imputar cargos a estos personajes. Mientras que para operadores de justicia y funcionarios del actual gobierno de Bernardo Arévalo el MP actúa con celeridad, los casos contra la administración anterior parecen quedar en el olvido, enterrados bajo la opaca figura de la «reserva» judicial, una herramienta que se ha convertido en sinónimo de inacción.
El MP justifica la reserva para evitar la «fuga de información», pero lo cierto es que ha servido para mantener en secreto investigaciones que afectan a altos exfuncionarios y para garantizar la continuidad de la impunidad en Guatemala. Incluso los vínculos familiares de Porras, con su esposo Gilberto de Jesús Porres trabajando en la misma fiscalía que investiga estos casos, plantean serios conflictos de interés.
La corrupción ha sido reconocida internacionalmente, con Giammattei y Martínez sancionados bajo la Ley Magnitsky de EE. UU., pero en Guatemala parecen inmunes gracias al manto protector del MP. El país continúa viendo cómo quienes más han saqueado las arcas del Estado gozan de impunidad, mientras los verdaderos defensores de la justicia son perseguidos y encarcelados. El legado de Porras es claro: un Ministerio Público que ya no combate la corrupción, sino que la institucionaliza.4