La figura de Shirley Rivera, la actual presidenta del Congreso de la República, ha estado marcada por eventos polémicos y acciones que han generado críticas y controversias de corrupción a lo largo de su carrera política.
Nacida el 22 de septiembre de 1971 en la cabecera municipal de Escuintla, Rivera ha sido históricamente la tercera mujer en presidir el Congreso y la primera en lograr la reelección para el período 2023-2024.
Rivera llegó al Congreso por el Distrito de Guatemala, ocupando la segunda casilla del partido Vamos, que llevó a la Presidencia a Alejandro Giammattei. Su posición en el Organismo Legislativo ha sido marcada por su defensa a Giammattei en diversas ocasiones, así como por sus comentarios regañando a la población guatemalteca, instándoles a estar agradecidos por el acceso a la vacunación contra el Covid-19.
También ha sido questionada por sus malas prácticas parlamentarias al vedar el derecho de la palabra a los diputados opositores durante las sesiones plenarias, efectuando una especie de veto a las iniciativas para que no sean conocidas en el pleno, siendo estas, más de 300 iniciativas que no se llegaron a conocer.
Acusaciones de corrupción y acciones antidemocráticas
Entre las acusaciones contra la presidenta del Congreso, destaca la promoción de la iniciativa de ley 6239, que otorgaría superpoderes a la Corte Suprema de Justicia. Este cambio significativo transferiría autoridad desde el Consejo de la Carrera Judicial a la CSJ, generando preocupaciones sobre la independencia del sistema judicial.
Además, una investigación de Vox Populi reveló que Rivera utiliza a su hijo, Osman Alexander López Rivera, para comprar propiedades valuadas en más de Q4 millones (US $534 mil). Estas adquisiciones levantan interrogantes sobre la transparencia de las transacciones y la posible utilización de familiares para encubrir propiedades.
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Recientemente, Shirley Rivera anunció que Estados Unidos le revocó su visa, presumiblemente por acciones antidemocráticas contra el proceso electoral. Este retiro de visas a funcionarios guatemaltecos por parte del Departamento de Estado estadounidense ha aumentado las tensiones en el país.
La reciente sanción por parte de Estados Unidos se suma a una serie de señalamientos y controversias en la carrera política de Shirley Rivera. Su agenda legislativa ha estado alineada con los intereses de grupos conservadores del país, especialmente la iglesia evangélica, con quienes se reúne frecuentemente.
Cuestionamientos a su gestión y sueldo
En sus primeros dos años como diputada, Shirley Rivera tuvo un sueldo de Q24 mil 150. Como presidenta del Congreso, recibe mensualmente Q44 mil 150. Aunque estos ingresos son significativos, han surgido preguntas sobre la fuente de sus recursos y su capacidad para adquirir propiedades valuadas en montos considerablemente más altos.
La relación de Shirley Rivera con casos de corrupción y autoritarismo también ha sido objeto de críticas. Su apoyo a propuestas que podrían debilitar la independencia judicial ha generado preocupaciones sobre la salud de la democracia en Guatemala.
Rivera ha enfrentado una serie de acusaciones que van desde la compra de propiedades hasta su papel en propuestas legislativas controversiales. Su historial complejo ha llevado a preguntas más amplias sobre la integridad y la ética en la política guatemalteca.
En resumen, la figura de Shirley Rivera en la política guatemalteca está envuelta en una serie de controversias que van desde la revocación de su visa hasta acusaciones de corrupción y acciones antidemocráticas. Su liderazgo ha sido objeto de cuestionamientos, generando debates sobre la transparencia y ética en la gestión pública.