En el marco del caso Comisiones Paralelas 2020, la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, FECI, ha solicitado el levantamiento de inmunidad de diez magistrados, por los delitos de tráfico de influencias, violación a la constitución y asociación ilícita. Esto por actividades realizadas en su función de comisionados de postulación para magistraturas de Salas de la Corte de Apelaciones. Los planteamientos se realizaron en relación a los magistrados:
| MAGISTRADO | TRIBUNAL EN QUE EJERCE FUNCIONES | |
| 1 | Silvia Patricia Valdés Quezada | Corte Suprema de Justicia |
| 2 | Josué Felipe Baquiax Baquiax | Corte Suprema de Justicia |
| 3 | Ranulfo Rafael Rojas Cetina | Tribunal Supremo Electoral |
| 4 | Manuel Reginaldo Duarte Barrera | Corte Suprema de Justicia |
| 5 | Vitalina Orellana y Orellana | Corte Suprema de Justicia |
| 6 | Nery Oswaldo Medina Méndez | Corte Suprema de Justicia |
| 7 | Sergio Amadeo Pineda Castañeda | Corte Suprema de Justicia |
| 8 | Nester Mauricio Vásquez Pimentel | Corte de Constitucionalidad |
| 9 | José Antonio Pineda Barales | Corte Suprema de Justicia |
| 10 | Silvia Verónica García Molina | Corte Suprema de Justicia |
Antecedentes del caso
En el marco del caso Comisiones Paralelas 2020, la investigación preliminar de la fiscalía, ha permitido determinar la comisión de actividades criminales, cuyo génesis es la concertación de un conjunto de actores, que buscan influencia indebida en el proceso de selección de magistrados para Corte Suprema de Justicia y magistraturas de Salas de la Corte de Apelaciones, así como otros tribunales de igual categoría. Estos hechos se materializan en actividades comparables a “comercialización informal”, consolidadas como un trueque de favores.
Tal como el Ministerio Público ha informado previamente, con las negociaciones paralelas se distorsionó el sistema de justicia, lo que arroja para la Fiscalía una tesis sobre posibles negociaciones ilícitas, determinándose que entre las personas que interactuaron con el privado de libertad Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, estaban comisionados de postulación, postulados a integrar altas cortes, actores externos al proceso, pero con interés en el mismo, diputados al Congreso de la República (que a la postre, se convierten en electores).
La Comisión de Postulación para Salas de la Corte de Apelaciones y la Comisión de Postulación para Corte Suprema de Justicia, ambas para el periodo 2019-2024, trasladaron al Congreso de la República de Guatemala las nóminas correspondientes, en las que figuran candidatos, que fueron beneficiados por el pacto promovido a instancias de Alejos Cambara.
Las cortes que resulten electas en el proceso que debió finalizar en 2019, y que a la fecha continúa en trámite, serán las que en definitiva resolverán la situación en los distintos procesos de Alejos Cámbara, por lo que los hallazgos de la investigación preliminar que se muestran seguidamente, tratarían de poner en relieve la realización de conductas ilícitas, como el tráfico de influencias.
La influencia que se avizora en el caso en concreto, está dirigida a todo el complejo entramado de operaciones que lleva consigo la elección de magistrados de Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia, porque supone un verdadero ataque a la libertad de quienes ejercen o están por ejercitar la función pública:
a) Los comisionados que deben remitir nóminas de elección
b) Los postulados, cuya intención en un primer momento es integrar una nómina, y seguidamente su interés es ser seleccionados
c) Los electores finales, que para el caso guatemalteco, están constituidos por los diputados al Congreso de la República.
De ahí que sean el chantaje moral, las perspectivas profesionales futuras, el temor de ser eliminados de listas, las que hacen que la influencia punible desde la perspectiva criminal, que no debe confundirse con la mera recomendación, insinuación o sugerencia sutil o difusa. En este caso, lo que ha establecido la investigación penal preliminar, es que ésta influencia se ha tratado de ejercer aprovechando no solo los intereses personales y profesionales, además de las relaciones personales, de carácter familiar, afectivas y amistosas.
Hechos.
- Se pudo establecer que bien sea en forma personal, vía telefónica y/o por medio de intermediarios, los magistrados antejuiciados tuvieron comunicación con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, en fechas previas a la votación realizada en el seno de la Comisión de Postulación para magistraturas de las salas de la Corte de Apelaciones, para establecer una lista consensuada de candidatos que el Congreso de la República debería elegir.
- Se estableció que los votos de los diez funcionarios de quienes se pide el levantamiento de la inmunidad, fue crucial para obtener el número de electores necesarios y alcanzar los votos mínimos indispensables, para cumplir con el requisito establecido en el artículo 217 de la Constitución Política de la República, es decir las dos terceras partes de los votos.
- La evidencia física ubicada en allanamientos efectuados en febrero de 2020 a Gustavo Adolfo Alejos Cámbara y en febrero de 2021 en otras diligencias de la misma naturaleza, la información testimonial, las videograbaciones, establecen la existencia de listados con identificativos, que corresponden a los candidatos que debían ser votados como parte de la concertación entre los actores involucrados.
Los candidatos afines o de preferencia de los comisionados, quienes en el momento de la votación fungían como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tenían el identificativo “c”.
- De los 68 candidatos o aspirantes que, de acuerdo con la investigación, fueron propuestos por los magistrados de quienes se pide el levantamiento del antejuicio, 65 fueron votados para ser incluidos en la nómina final remitida al Congreso de la República, por lo que hubo un 95.58% de efectividad con relación a la cifra concertada por la agrupación objeto de la investigación.
- Se recabó información relacionada con la existencia de reuniones previas y posteriores a la votación desarrollada en el seno de la Comisión de Postulación para magistraturas de las salas de la Corte de Apelaciones. Las mismas se efectuaron entre los comisionados que eran parte del acuerdo, al margen de las funciones legales de las comisiones de postulación. En algunas de éstas, estuvieron presentes funcionarios contra quienes se requiere el levantamiento de la inmunidad.
El impacto sobre la justicia
El sistema de elección de jueces debe ser regido exclusivamente por valoraciones técnicas, en respeto a la facultad que otorga la legislación y de ninguna manera ser sujeto de injerencias y presiones indebidas.
En un sistema afectado por la corrupción y la falta de independencia judicial, los ciudadanos no gozan de igualdad ante la ley, ni tienen las garantías de ser privados de libertad, acusados o juzgados con base en hechos fundamentados, por autoridades objetivas e imparciales a partir de elementos de pruebas dignos de credibilidad.
La garantía de la independencia judicial es un principio base del Estado de Derecho y de la calidad de un régimen de gobierno democrático.