Artículos periodísticos publicados por ConCriterio y Emisoras Unidas, con cuestionamientos directos de La Hora, revelan una constante en la gestión del Ministerio Público (MP) bajo el mando de Consuelo Porras: la opacidad en el uso de recursos públicos y un discurso que choca frontalmente con la Ley de Acceso a la Información Pública, mientras se mantiene una persecución sistemática contra operadores de justicia, exfiscales anticorrupción, periodistas y líderes indígenas.
ConCriterio documentó que Consuelo Porras recibe Q121,560 mensuales, lo que la coloca entre las funcionarias mejor pagadas del Estado. Al ser cuestionada por el periodista Diego España, de La Hora, la fiscal general reaccionó con evidente incomodidad y aseguró que su salario es el mismo que el de sus antecesoras, Thelma Aldana y Claudia Paz y Paz.
Esa afirmación, sin embargo, es engañosa. Aunque el sueldo base se mantiene, los ingresos de Porras aumentaron significativamente mediante bonos, un dato que no es de conocimiento público porque, desde octubre de 2024, el MP ocultó su nómina, en abierta contradicción con la ley.
El propio MP envió en 2025 un informe a la Comisión de Probidad del Congreso, en el que se detalla que Porras percibe Q50,144 de sueldo base, Q61,416 en bonos y Q10,000 en gastos de representación. Esa información no fue revelada voluntariamente a la ciudadanía, sino obtenida por vías indirectas, evidenciando una institución que exige transparencia a otros, pero la niega cuando se trata de sí misma.
El salario de Curruchiche
La contradicción se profundiza con el caso del jefe de la FECI, Rafael Curruchiche. Según Emisoras Unidas, el MP negó revelar su salario, alegando que se trata de información “reservada” porque podría poner en riesgo la seguridad de los funcionarios y afectar las labores de persecución penal. El argumento resulta difícil de sostener cuando se trata de salarios pagados con fondos públicos, un rubro que, por definición legal, es información pública.
Sancionados a nivel internacional
Curruchiche, al igual que Porras, ha sido sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por su papel en acciones consideradas antidemocráticas y por la persecución judicial contra quienes combatieron la corrupción. Aun así, el MP protege con celo sus ingresos, mientras impulsa procesos penales contra periodistas, fiscales independientes y líderes indígenas.
Las dos notas, leídas en conjunto, dibujan un patrón claro: salarios elevados, información ocultada y un aparato penal utilizado como herramienta política. El MP de Consuelo Porras no solo persigue, también cobra bien por hacerlo, y lo hace blindándose del escrutinio ciudadano. Esa es la crítica de fondo: un Ministerio Público que se dice garante de la ley, pero que la dobla cuando amenaza sus privilegios.
Este artículo se basó en información publicada por ConCriterio, Emisoras Unidas y La Hora:
La mejor pagada: Consuelo Porras sí cobra Q121 mil al mes
MP niega revelar salario de Curruchiche por ser «de carácter reservado»
Dos aumentos y un secreto: Porras subió dos veces los salarios en el MP mientras oculta el suyo