En un artículo publicado recientemente por Bloomberg bajo el título «Armas de EE.UU. intensifican violencia y corrupción en Guatemala», el juez Carlos Ruano rompe su silencio sobre las acusaciones en su contra y arroja luz sobre el oscuro panorama de la justicia guatemalteca.
Mientras el enfoque inicial del artículo se centró en las devastadoras consecuencias del flujo de armas estadounidenses en Guatemala, las declaraciones de Ruano revelan una trama mucho más compleja y perturbadora: la lucha de un juez contra la corrupción institucional y las maquinaciones de un grupo poderoso.
Ruano, quien ha servido como juez durante 14 años, se encuentra actualmente bajo la sombra amenazante de un antejuicio, enfrentando acusaciones de grabar ilegalmente una conversación con una magistrada. Este cargo, presentado por la Fundación contra el Terrorismo (FCT), ha llevado al togado al epicentro de una tormenta política y legal que podría culminar en una pena de hasta 40 años de prisión.
Justicia comprometida
Sin embargo, detrás de esta acusación aparentemente simple se encuentra un entramado de intereses y poderes oscuros que amenazan la integridad del sistema de justicia guatemalteco. La FCT sostiene que Ruano cometió un acto ilícito al denunciar a Blanca Stalling, quien fungía como magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Stalling enfrentó un período de prisión de un año y seis meses debido a acusaciones de tráfico de influencias en favor de su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, implicado en el caso IGSS-Pisa. Curiosamente, Ruano también formaría parte del tribunal encargado del mencionado caso.
Los eventos se desarrollaron en septiembre de 2016, cuando Ruano registró la conversación y posteriormente, el 10 de enero de 2017, presentó esta evidencia ante el Ministerio Público (MP). En esa ocasión, La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en colaboración con Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), solicitó la detención de Stalling en base a estas pruebas. Sin embargo, transcurrieron cinco años hasta que la abogada logró que otro juez archivara el expediente en su contra.
Tras este desenlace, Stalling retomó su posición en la CSJ y se le concedió la autorización para recibir una indemnización por un total de Q5.7 millones.
Este episodio refleja la complejidad y los entresijos del sistema judicial guatemalteco, donde las luchas por el poder y las influencias pueden tener un impacto significativo en el destino de los casos legales. La saga de Ruano y Stalling también subraya las limitaciones y las potenciales vulnerabilidades del sistema, donde las resoluciones y los fallos pueden ser objeto de revisión y cambio incluso después de largos períodos de tiempo.
La investigación inicial de Ruano y su posterior reversión, que permitió a Stalling regresar a su cargo y recibir una indemnización, plantean interrogantes sobre la imparcialidad y la estabilidad de la justicia en Guatemala.
Fundación contra el Terrorismo asume papel del MP
En sus declaraciones, Ruano hace un llamado a la acción a los fiscales del MP, solicitando que se investiguen los incidentes específicos que han quedado en la sombra. Sin embargo, lamenta que estas peticiones hayan sido ignoradas y denuncia que «el Ministerio Público ya no investiga estos casos».
Esta afirmación plantea serias interrogantes sobre la operatividad y eficacia de una institución que, en teoría, debería ser el baluarte de la justicia y la rendición de cuentas en Guatemala.
El contexto en el que se desarrolla la lucha legal de Ruano es igualmente sombrío. La FCT, cuyos líderes han sido señalados por Estados Unidos (EE. UU.) como corruptos y antidemocráticos, emerge como un poderoso actor en el escenario judicial guatemalteco. La fundación ha asumido el papel de fiscal en el caso contra el juez, generando cuestionamientos sobre la independencia y la imparcialidad del proceso legal.
Además, este grupo es acusado de encarcelar a periodistas, fiscales y políticos que han denunciado abusos contra los derechos humanos y la corrupción, lo que arroja una sombra aún más ominosa sobre el sistema judicial.
Ruano, quien ha sido elogiado por su lucha contra la corrupción, se encuentra en una encrucijada. Su decisión de enfrentar a la corriente de corrupción y violencia que azota a Guatemala lo ha colocado en el ojo del huracán. Si su inmunidad se retira, el juez teme por su seguridad y libertad, incluso su vida, en un país donde las amenazas contra quienes buscan la justicia son una triste realidad.
Aceleran antejuicio contra juez Carlos Ruano
El 4 de agosto de 2023, Carlos Ruano fue convocado para comparecer en vista pública. Esta abrupta programación contrastó drásticamente con la norma establecida de programar procedimientos judiciales con hasta dos meses de antelación.
Ruano expresa su inquietud al respecto, señalando que «Parece que están acelerando las cosas, intentando precipitarse». Esta decisión repentina y apresurada plantea interrogantes sobre la transparencia y la equidad del proceso legal que enfrenta.
La incertidumbre que rodea la posibilidad de que se le retire la inmunidad judicial a Ruano se cierne ominosamente sobre su futuro. En caso de que se tome esta medida, siguiendo la senda de casos similares con otros jueces, el juzgador se enfrenta a la perspectiva angustiante de exiliarse.
Ruano, cuya carrera está marcada por su lucha contra delincuentes violentos y corruptos, teme que el acto de retirar su inmunidad lo coloque en un peligro inminente. Advierte que podría convertirse en un blanco para atentados contra su seguridad, su libertad e incluso su vida. Sus palabras son un testimonio elocuente de los riesgos a los que se enfrentan aquellos que desafían a los poderosos en un sistema judicial complicado y a menudo turbio.
El juez sostiene que la FCT podría buscar que sea recluido en prisión, compartiendo celdas con aquellos delincuentes violentos a los que ha condenado en el pasado. Este panorama sombrío resalta la influencia que la fundación acumula en el sistema judicial guatemalteco y cómo su presión podría ejercer un control indebido sobre el destino de un juez que se atrevió a enfrentarlos.
En una coyuntura en la que Estados Unidos ha sancionado a funcionarios guatemaltecos por corrupción y socavar la democracia, el caso de Ruano adquiere una importancia aún mayor. Estas sanciones reflejan la preocupación internacional por la corrupción y la erosión de los valores democráticos en Guatemala. El destino del juez no solo es una cuestión nacional, sino un ejemplo vívido de los desafíos más amplios que enfrenta el país en su lucha por la justicia y la transparencia.
Aquí puede leer el artículo completo: «Armas de EE.UU. intensifican violencia y corrupción en Guatemala»