En su más reciente informe, la organización Human Rights Watch (HRW) lanzó una alerta sobre la grave situación de los derechos humanos en Guatemala, señalando que la independencia judicial continúa siendo un desafío crítico que socava el Estado de derecho y expone a la población a abusos. La investigación destaca la evidente falta de transparencia en los procesos de justicia, la influencia indebida de actores corruptos y la injerencia política que condiciona las decisiones clave en el país.
Uno de los puntos más preocupantes es el proceso de selección judicial, que se caracteriza por procedimientos opacos, falta de rendición de cuentas y una clara intervención de intereses políticos. En 2024, la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Salas de Apelaciones resultó en la designación de figuras con antecedentes cuestionables, algunas incluso investigadas por delitos como el tráfico de influencias. Esta situación evidencia un sistema que favorece a aquellos comprometidos con la impunidad, lo que contribuye a la debilidad del Estado de derecho y pone en riesgo la protección de los derechos humanos de los ciudadanos.
HRW señala a Consuelo Porras
HRW no se limita a señalar los problemas dentro del sistema judicial, sino que también critica al Ministerio Público (MP) y a su fiscal general, Consuelo Porras, por su papel en la orquestación de procesos penales espurios contra operadores de justicia, activistas de derechos humanos y miembros del gobierno del presidente Bernardo Arévalo.
Estos procesos, que a menudo tienen motivaciones políticas, buscan silenciar a aquellos que luchan por la justicia y la transparencia. Casos como el de Virginia Laparra, exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Corrupción (FECI), y el de Stuardo Campo, exjefe de la misma Fiscalía, son ejemplos claros de cómo el sistema judicial se utiliza para perseguir a quienes denuncian la corrupción y el abuso de poder.
El informe también hace un llamado de atención sobre el clima hostil que enfrentan los defensores de derechos humanos, en especial los periodistas. La represión contra la libertad de expresión ha aumentado en los últimos años, con agresiones, amenazas y detenciones arbitrarias. Un claro ejemplo de ello es el caso del periodista José Rubén Zamora, quien pasó más de 800 días en prisión antes de ser liberado, tras una condena de derechos humanos y el abuso de la justicia. El asesinato de periodistas como César Agusto Leiva y Gleymer Villeda en 2024 es una muestra más de la impunidad que reina en el país, en donde la violencia se convierte en una herramienta para silenciar a quienes exponen la verdad.
Guatemala sigue enfrentando una crisis de seguridad y justicia
Por si fuera poco, Guatemala sigue enfrentando una crisis de seguridad y justicia en la que los defensores de derechos humanos también están siendo víctimas de crímenes violentos. La muerte del abogado José Domingo y el ataque a Marcelo Yaxón, defensores de comunidades indígenas, ponen en evidencia que la violencia contra quienes defienden los derechos fundamentales de las personas continúa siendo un problema sin resolver. La falta de justicia en estos crímenes y la inacción de las autoridades no hacen más que agravar la ya grave situación en el país.
El informe de HRW también aborda las sanciones impuestas por organismos internacionales como la Unión Europea y Estados Unidos a varios funcionarios guatemaltecos por su implicación en actos de corrupción. Entre ellos destaca Consuelo Porras, fiscal general, cuyo papel en la manipulación de la justicia ha sido señalado como una de las principales amenazas para la democracia y el Estado de derecho en Guatemala. La comunidad internacional ha respondido a esta crisis con sanciones, pero las acciones internas siguen siendo insuficientes para frenar la corrupción que afecta todos los niveles del gobierno.
Es imposible ignorar que la situación en Guatemala es alarmante y que los derechos humanos siguen siendo vulnerados de manera sistemática. Desde la justicia manipulada hasta la represión de la prensa y los defensores, el gobierno y los actores involucrados en este entramado de corrupción y abuso de poder continúan desafiando la dignidad humana y el derecho a una vida libre de persecución y violencia. Los ciudadanos de Guatemala merecen un sistema judicial independiente, transparente y justo, pero, por ahora, la lucha por estos derechos continúa enfrentando la obstinada resistencia de quienes ponen en peligro la justicia y el bienestar de la población.