Alejandro Córdova, nacido en la Ciudad de Guatemala el 15 de noviembre de 1969, ejerce como Procurador de los Derechos Humanos desde 2022, cargo que ocupará hasta 2027. Con una trayectoria de más de 22 años en derechos humanos, abogacía, relaciones internacionales migratorias y docencia universitaria, su elección despertó expectativas sobre una gestión comprometida con los derechos de los guatemaltecos. Sin embargo, su desempeño ha estado marcado por la inacción y la aparente protección de intereses particulares, más que por la defensa de los derechos humanos.
Antes de ser procurador, Córdova estuvo vinculado al caso Comisiones Paralelas 2020, un escándalo que evidenció la manipulación de las cortes guatemaltecas. En julio de 2020, la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) solicitó retirar la inmunidad de varios magistrados, entre ellos Córdova. Pese a la gravedad de las acusaciones, el 7 de julio de 2022, la Corte de Constitucionalidad rechazó un amparo que buscaba reactivar el proceso de antejuicio contra él. Esto no solo lo libró de las investigaciones, sino que también lo posicionó como aliado del llamado “pacto de corruptos”.
Alejandro Córdova aliado del MP
Como procurador, su gestión ha estado alineada con los intereses del Ministerio Público (MP), liderado por Consuelo Porras. Un claro ejemplo fue su papel en bloquear la candidatura a la vicepresidencia del exprocurador Jordán Rodas, quien buscaba postularse con el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). Al alegar irregularidades en el cobro de indemnizaciones de Rodas, Córdova facilitó que la Contraloría General de Cuentas revocara su finiquito.
Posteriormente, en junio de 2023, el MP decidió no investigar una denuncia presentada por Rodas contra Córdova, una decisión que generó críticas por la celeridad y parcialidad del proceso.
El silencio ante la violación de derechos humanos
La inacción de Córdova ante violaciones flagrantes de derechos humanos ha sido recurrente. Durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en julio de 2024, se instó al MP a cesar la criminalización contra periodistas, defensores de derechos humanos y líderes indígenas.
Al ser cuestionado sobre las recomendaciones, Córdova optó por su táctica habitual: guardar silencio. Su falta de postura ante abusos judiciales y el hostigamiento a periodistas lo ha convertido en un fantasma dentro de una institución que debería velar por la justicia.
Informe de labores: cifras sin impacto
En su informe anual de labores 2024, entregado al Congreso, Córdova destacó la recepción de más de 13 mil denuncias y 83 mil acciones realizadas. Sin embargo, detrás de estas cifras se oculta una realidad preocupante: la ausencia de resultados tangibles en la defensa de los derechos humanos. Las denuncias no se traducen en justicia, y las acciones parecen estar dirigidas a proteger intereses específicos, dejando desamparadas a las víctimas de abusos.
Lejos de ser un defensor de los derechos humanos, Córdova se ha consolidado como un títere de quienes ostentan el poder. Su complicidad con el MP y su incapacidad para enfrentar los abusos en las cortes han socavado la credibilidad de la Procuraduría de los Derechos Humanos. En un país donde las libertades básicas están bajo ataque, su silencio es un grito de aprobación hacia las injusticias.
Alejandro Córdova no solo ha fallado en su misión de proteger los derechos humanos, sino que se ha convertido en símbolo de una institución que traiciona a quienes debería defender. Su legado será recordado como el de un procurador que prefirió proteger sus intereses antes que alzar la voz por los guatemaltecos.