La decisión del Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras, de apelar el cierre del proceso penal a favor de periodistas de elPeriódico confirma una vez más la utilización del sistema de justicia como herramienta de persecución contra la prensa crítica en Guatemala.
El viernes 30 de enero de 2026, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó que el caso debía ser archivado, al establecer que no existían fundamentos legales para someter a proceso penal a los comunicadores. Sin embargo, el MP optó por ignorar ese fallo y llevar el caso ante la Corte de Constitucionalidad (CC).
Persecución judicial contra periodistas
La investigación contra los periodistas fue impulsada por Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a partir de una certificación emitida por el juez Jimmy Bremmer. Ambos funcionarios han sido sancionados internacionalmente por señalamientos relacionados con corrupción judicial, un elemento que agrava aún más la falta de credibilidad de este proceso.
La Cámara de Amparos de la CSJ fue clara al señalar que cualquier inconformidad con publicaciones periodísticas debe resolverse en un Tribunal de Honor y no mediante la vía penal. Aun así, el MP insiste en forzar una interpretación legal que permita procesar penalmente a periodistas por el contenido de sus notas, una práctica incompatible con los estándares democráticos y de libertad de expresión.
Caso contra José Rubén Zamora
Esta persecución tiene raíces claras. En mayo de 2022, el fundador de elPeriódico, José Rubén Zamora, fue capturado por solicitud de la FECI bajo acusaciones que han sido ampliamente cuestionadas por organismos nacionales e internacionales. A partir de ese momento, la fiscalía no solo dirigió su ofensiva contra Zamora, sino también contra abogados defensores, testigos y, posteriormente, contra periodistas y columnistas del medio.
El argumento del MP sostiene que las publicaciones buscaban presionar a operadores de justicia y obstaculizar la acción penal. En la práctica, esta narrativa criminaliza el ejercicio periodístico, castiga la crítica y pretende silenciar a quienes documentaron la persecución judicial y el cierre del medio en mayo de 2023.
Organizaciones de derechos humanos y cámaras de comunicación han rechazado de forma categórica estas acciones, advirtiendo que procesar penalmente a periodistas por informar sienta un precedente peligroso. Ahora, la CC deberá analizar si la apelación cumple los requisitos legales. Más allá del trámite, el fondo del asunto es evidente: el MP insiste en utilizar la justicia para intimidar a la prensa, debilitando aún más el ya frágil Estado de derecho en Guatemala.