El Tribunal de Mayor Riesgo D, presidido por el juez Fredy Aguilar, condenó a tres exdiputados del Congreso de la República tras encontrarlos culpables del delito de tráfico de influencias en el caso denominado «Asalto al Ministerio de Salud».
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público (MP), los exlegisladores utilizaron su cargo para influir de manera irregular en la asignación de plazas y nombramientos dentro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
La sentencia fue emitida por unanimidad en un proceso que se originó en 2019, luego de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en conjunto con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), entonces dirigida por Juan Francisco Sandoval, revelara una presunta estructura de corrupción que operó en el MSPAS durante la gestión del exministro Jorge Villavicencio, en el gobierno de Otto Pérez Molina.
Las condenas
Durante la lectura del fallo, el Tribunal condenó a la exdiputada Aracely Chavarría Cabrera a 7 años y 11 meses de prisión inconmutable por el delito de tráfico de influencias en forma continuada.
Por su parte, el exdiputado Humberto Leonel Sosa Mendoza fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión conmutables, con la posibilidad de sustituir la pena mediante el pago de Q100 por cada día no cumplido.
En tanto, el excongresista Ronald Arango Ordóñez recibió una condena de 7 años y 4 meses de prisión inconmutable.
Además de las penas de prisión, el Tribunal impuso a los tres condenados la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos durante el tiempo que duren sus respectivas condenas.
Los jueces concluyeron que los exlegisladores actuaron de forma coordinada para gestionar plazas laborales dentro del Ministerio de Salud como pago de favores políticos, aprovechando la influencia derivada de sus cargos.
Antecedentes del caso
La investigación de la FECI y la CICIG estableció que entre 2012 y 2014 operó una estructura de corrupción en el Ministerio de Salud, presuntamente encabezada por el entonces ministro Jorge Villavicencio.
Según la acusación, la red funcionaba mediante tres mecanismos principales: el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicar contratos de infraestructura hospitalaria; pagos irregulares relacionados con la compra de insumos médicos, servicios y publicidad; y el manejo de plazas laborales para beneficiar a personas vinculadas políticamente.
Las pesquisas documentaron la creación y asignación de más de 450 contrataciones, entre ellas plazas utilizadas como favores políticos, cuotas de poder y, presuntamente, plazas fantasma.
De acuerdo con el MP, los ahora condenados aprovecharon su influencia para promover nombramientos de personas afines, muchas de las cuales no cumplían con los requisitos establecidos para ocupar los cargos.
El caso «Asalto al Ministerio de Salud» continúa bajo investigación respecto de otros posibles involucrados señalados por el Ministerio Público.