La cuenta regresiva ha comenzado: en aproximadamente un año y un mes, Consuelo Porras dejará de ser fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP). Su salida es esperada por la mayoría de guatemaltecos, quienes la ven como un símbolo de la cooptación de la justicia y la impunidad. Sin embargo, lejos de prepararse para rendir cuentas por los múltiples señalamientos en su contra, Porras ya maniobra para mantenerse con inmunidad y evitar ser procesada.
Consuelo Porras ha sido sancionada por más de 42 países por su papel en la descomposición del sistema judicial guatemalteco. Estados Unidos la incluyó en la Lista Engel por obstruir la justicia y socavar la democracia, acusaciones que la han convertido en una de las figuras más repudiadas del país. Su gestión al frente del MP ha estado marcada por la persecución de jueces, fiscales, periodistas y opositores políticos, mientras protege a estructuras vinculadas con la corrupción.
La estrategia de Consuelo Porras para mantenerse en el poder
Diversas fuentes señalan que Porras busca perpetuarse en el sistema judicial a través de una magistratura en la Corte de Constitucionalidad (CC), un movimiento que le garantizaría inmunidad tras dejar el MP. Su posible candidatura estaría respaldada por sectores que han consolidado el control de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), un espacio clave para la elección de magistrados.
Recientemente, la fiscal general ha intensificado sus acercamientos con los colegios profesionales, entidades que tienen un rol determinante en las designaciones judiciales. Su presencia en actividades que nada tienen que ver con sus funciones ha levantado sospechas sobre sus intenciones. Un caso particular fue su aparición en un evento del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, donde varios profesionales cuestionaron su asistencia y exigieron explicaciones a Colmedegua.
Elecciones en la Usac: un terreno en disputa
La reciente elección del representante del Colegio de Arquitectos y Diseñadores Gráficos ante el Consejo Superior Universitario (CSU) se realizó en medio de denuncias de intervención política y bloqueos. Con apenas nueve votos de diferencia, Julio César Aceituno resultó electo, lo que refuerza la influencia de grupos vinculados con la corrupción dentro del CSU. Estudiantes y sectores críticos de la Usac han señalado que Aceituno cuenta con el respaldo del rector de facto, Walter Mazariegos, y de la propia Consuelo Porras.
Anayansy Rodríguez Castillo, actual presidenta del Colegio de Arquitectos, ha sido vista en varias actividades junto a Porras, lo que alimenta las sospechas de una estrategia orquestada para asegurar su llegada a la CC.
Informe de la ONU: un retrato de la impunidad
El 3 de marzo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó su informe anual sobre la situación en Guatemala. En él, si bien se reconocen algunos cambios positivos en la política gubernamental, se recalca que la criminalización de defensores de derechos humanos, periodistas y exoperadores de justicia continúa, impulsada principalmente desde el Ministerio Público bajo el mando de Consuelo Porras.
La persecución política y la manipulación de la justicia han sido los pilares de su gestión, lo que le ha asegurado el respaldo de quienes buscan mantener un sistema judicial a su medida. Pero con su salida cada vez más próxima, también crecen las tensiones y los movimientos para garantizar su impunidad.
La pregunta no es si Porras intentará aferrarse al poder, sino hasta dónde está dispuesta a llegar para lograrlo.