La situación legal del periodista José Rubén Zamora tuvo un nuevo giro luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) confirmara la validez de la resolución que permitió su libertad en uno de los procesos penales que enfrenta. Sin embargo, la decisión no pone punto final al caso, ya que todavía existen expedientes abiertos y restricciones judiciales vigentes.
El fallo de la CC se produjo después de que el Ministerio Público desistiera del recurso con el que pretendía revertir el amparo otorgado a favor del fundador de elPeriódico. Al aceptar esa petición, los magistrados determinaron que la resolución que concedió medidas sustitutivas queda firme y que la apelación ya no podrá ser presentada nuevamente.
La resolución está relacionada con el proceso que llevó a la captura de Zamora en julio de 2022, cuando fue señalado por los delitos de chantaje, tráfico de influencias y lavado de dinero u otros activos. Ese expediente provocó su ingreso a prisión preventiva y ocurrió en medio del cierre de elPeriódico, medio que había fundado.
Zamora busca salir del país por motivos médicos
No obstante, la confirmación de su libertad dentro de este caso no implica que todos los señalamientos judiciales hayan concluido. El periodista todavía enfrenta otros procesos en los que mantiene medidas sustitutivas, incluida la prohibición de abandonar Guatemala sin autorización.
Uno de los temas pendientes es una solicitud presentada por su defensa para viajar al extranjero por motivos médicos. La audiencia para conocer esta petición fue aplazada y está prevista para el próximo 10 de agosto, cuando las autoridades judiciales analizarán los argumentos planteados.
Mientras tanto, también continúa pendiente la definición de una nueva fecha para la repetición del juicio relacionado con el primer proceso. La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó previamente revisar una resolución emitida dentro de ese expediente, por lo que el caso permanece en una etapa de revisión.
Retrasos y restricciones
La defensa de Zamora sostiene que los procesos en su contra han estado marcados por retrasos y restricciones que afectaron sus derechos, mientras organizaciones nacionales e internacionales han señalado preocupación por las implicaciones del caso para la libertad de prensa en Guatemala.
Desde su captura, el periodista permaneció más de tres años privado de libertad antes de recuperar su libertad bajo medidas judiciales, aunque su situación legal todavía depende de las decisiones que tomen los tribunales en los expedientes pendientes.