Las organizaciones Lawyers for Lawyers (L4L) y el Observatorio Internacional de Abogados en Riesgo (OIAD) presentaron de manera conjunta un amicus curiae ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (WGAD, por sus siglas en inglés), solicitando la revisión del caso de la abogada guatemalteca y exintegrante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González. La jurista, reconocida por su participación en investigaciones de alto impacto contra la corrupción, enfrenta un proceso penal que, según ambas entidades, está directamente relacionado con sus actividades profesionales.
González formó parte del equipo legal de CICIG y posteriormente representó a exfiscales del Ministerio Público y a defensores de derechos humanos sometidos a procesos judiciales por su participación en casos anticorrupción. En ese contexto, fue acusada de “abuso de autoridad”, aunque las organizaciones internacionales destacan que ella nunca ostentó un cargo público y que sus actuaciones respondieron exclusivamente a su ejercicio legítimo como abogada. Para L4L y OIAD, el proceso contra González representa un ejemplo de un patrón más amplio de hostigamiento, intimidación y criminalización de operadores de justicia y abogados independientes en Guatemala.
Piden que caso de Claudia González sea evaluado
El informe presentado ante el WGAD —un organismo experto encargado de analizar casos de detenciones arbitrarias— expone un análisis jurídico imparcial sobre los 82 días que González permaneció detenida y las condiciones actuales de arresto domiciliario. El documento pide que su caso sea evaluado dentro del contexto de crecientes riesgos que enfrentan los abogados guatemaltecos que litigan casos sensibles vinculados a corrupción y derechos humanos, lo que, según las organizaciones, genera un efecto inhibidor dentro de la profesión.
El amicus sostiene que la detención de Claudia González encaja en varias categorías de detención arbitraria definidas por el Grupo de Trabajo. Bajo la Categoría I, se argumenta que su privación de libertad careció de base legal válida: su detención preventiva se impuso sin motivación suficiente y el delito imputado no es aplicable a su situación profesional.
En relación con la Categoría II, se señala que el proceso penal responde a represalias derivadas del ejercicio de sus libertades fundamentales como abogada y defensora de derechos humanos.
Respecto a la Categoría III, se documentan irregularidades procesales, retrasos injustificados y falta de imparcialidad judicial. Finalmente, el informe advierte una violación de la Categoría V, al considerar que González fue criminalizada de manera discriminatoria debido a sus vínculos profesionales y a su defensa de operadores de justicia perseguidos por causas de carácter político.