El Reino Unido ha dado un paso decisivo en su lucha contra la corrupción global al sancionar a siete actores clave cuya corrupción ha socavado gravemente la democracia y el Estado de derecho en Guatemala. Entre los sancionados se encuentran figuras de alto perfil como el expresidente Alejandro Giammattei y la fiscal general María Consuelo Porras, cuyos actos han dejado una huella destructiva en las instituciones del país.
Este movimiento se inscribe dentro de un paquete más amplio de sanciones que también afecta a individuos en Moldavia y Georgia, con el fin de atacar redes de corrupción y dinero sucio en diversas partes del mundo. El secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, dejó claro que esta medida refleja el compromiso internacional para erradicar la corrupción que socava los nacimientos de las sociedades democráticas.
Giammattei y Porras: El eje del Pacto de Corruptos
Alejandro Giammattei es el rostro más visible de este escándalo de corrupción que ha golpeado al país. Durante su mandato (2020-2024), fue parte fundamental del «Pacto de Corruptos», una red de figuras políticas y judiciales que protegieron sus intereses a costa del bienestar de la ciudadanía. Su principal aliada fue Consuelo Porras, quien se encargó de hacer retroceder las investigaciones anticorrupción a través de la manipulación política del Ministerio Público (MP).
El Reino Unido señaló que Giammattei se benefició directamente de importantes actos de corrupción, incluyendo la reelección de Porras para mantenerla como su aliada política, y utilizarla para socavar las investigaciones sobre el desfalco de fondos públicos.
Durante su mandato, el expresidente guatemalteco también estuvo vinculado a un caso de soborno relacionado con una empresa minera rusa, que intentó obtener licencias de exploración favorables a cambio de favores políticos. Todo esto fue posible gracias a la protección brindada por la estructura corrupta dentro de las instituciones del país.
Los intereses de Porras
Por su parte,Porras no solo se encargó de defender los intereses de Giammattei, sino que también utilizó su poder para perseguir a periodistas y opositores políticos que buscaban denunciar los actos ilícitos de su administración. Porras y su equipo han sido responsables de la represión a medios de comunicación como El Periódico , cuyo fundador José Rubén Zamora fue encarcelado tras destapar un escándalo de corrupción que involucraba a altos funcionarios de la administración Giammattei.
La red corrupta: más que solo nombres
Además de Giammattei y Porras, el Reino Unido sancionó a otros actores que fueron piezas clave en la red de corrupción, incluidos Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno y socio cercano de Giammattei; Melvin Ernesto Quijivix, exdirector del Instituto Nacional de Electrificación, quien malversó más de Q14 millones; y Rafael Curruchiche, actual jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, quien ha desempeñado un papel fundamental en la protección de esta estructura de corrupción, y Cinthia Monterroso, fiscal regional de Zacapa.
La sanción implica una serie de medidas severas, entre ellas la congelación de activos y la prohibición de viaje al Reino Unido, lo que dificulta que los sancionados continúen con sus actividades ilícitas a nivel internacional. Además, los fondos y recursos que estos individuos mantenían en el Reino Unido y sus territorios de ultramar quedarán bloqueados, lo que impide que se sigan beneficiando de su dinero obtenido de forma corrupta.
El golpe al «Pacto de Corruptos»
La sanción internacional es un golpe directo al «Pacto de Corruptos», una red que ha utilizado el poder político y judicial para consolidar su control sobre las instituciones y evitar que se haga justicia en casos de corrupción. Estas figuras no solo han obstruido la justicia, sino que han violado los derechos fundamentales de los guatemaltecos, con la represión del periodismo independiente y la persecución de la oposición política.
El Reino Unido ha dejado claro que estas sanciones no son un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia para combatir la corrupción en el mundo. Según David Lammy, estas acciones representan un compromiso firme con la protección de la democracia, la transparencia y el Estado de derecho. La comunidad internacional, encabezada por países como el Reino Unido, está dejando en claro que no tolerará más impunidad en Guatemala.